El Consejo de Gobierno adoptó ayer dos resoluciones de gran calado social. Remitió al Parlamento Ley de Mediación Familiar, que permitirá que una media de mil familias al año diriman los litigios propios de la separaciones, divorcios y custodia de menores, sin necesidad de acudir a los tribunale de justicia. Además, dio luz verde al anteproyecto de la Ley de Inclusión Social, que reconoce el derecho a una renta básica de 374 euros mensuales a todos los andaluces sin recursos, hayan nacido o no en Andalucía, aunque deben llevar un mínimo de dos años empadronados.

Ninguna de estas dos normas, sin embargo, entrará en vigor en esta legislatura. El Parlamento no tiene tiempo material para cumplir con los trámites que permitan someterlas a una votación final. La legislatura concluirá el próximo diciembre. Serán dos leyes que, por lo tanto, decaerán, y deberán ser analizadas por el próximo gobierno andaluz. La Ley de Mediación Familiar, norma que regulará este procedimiento extrajudicial para la resolución de conflictos de forma voluntaria entre miembros de una familia a través de la intervención de profesionales especializados, imparciales y neutrales, no será la panacea para solucionar todos los conflictos familiares, según explicó Micaela Navarro, consejera de Igualdad.

Violencia de género

Entre los conflictos que podrán ser objeto de mediación, figuran los relativos a medidas motivadas por separaciones, divorcios o disoluciones de parejas de hecho; cuestiones relativas al derecho de alimento y cuidado de personas en situaciones de dependencia; relaciones de menores con sus parientes, tutores o guardadores, y ejercicio de la patria potestad o tutela. Por contra, la mediación familiar queda expresamente excluida en situaciones en las que exista violencia o maltrato sobre la pareja, hijos o cualquier otro miembro de la familia.

Estatuto

En cuanto a la Ley de Inclusión Social en Andalucía, precepto que incluirá el reconocimiento del derecho a la renta básica, prestación económica directa dirigida a garantizar ingresos mínimos para las familias más desfavorecidas prevista en el nuevo Estatuto de Autonomía y que tendrá una dotación económica mensual del 75 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), actualmente unos 374 euros. La renta básica sustituirá al actual 'salario social' y no será la única medida de inclusión.

Fuente: www.ideal.es